La mina de los 10.000 desplazados
Nueve años después de la apertura de dos canteras de oro en Ahafo (Ghana) por la compañía Newmont con apoyo del Banco Mundial, la población de la zona afectada no puede ocultar su frustración
En Kantinka, un pequeño pueblo de 400 habitantes del interior de Ghana, es difícil conciliar el sueño. Las explosiones y el movimiento diario de toneladas de piedra en gigantescos taludes a apenas cien metros de sus casas perturban la tranquilidad de sus gentes. Y este no es el peor de sus males. Henry Ansa Kujo, agricultor y padre de familia de 50 años, asegura que ahora la vida aquí es imposible: "Han aumentado los mosquitos, hay polvo todo el día y el agua del río está contaminada”. El problema es que el pueblo está prácticamente pegado al límite suroeste de la mina de oro Ahafo, un macroproyecto explotado por la compañía norteamericana Newmont y financiado en parte por el Banco Mundial, que ha transformado profundamente y para siempre a esta región de África, removiendo los cimientos de una comunidad que ha pasado de llevar una vida muy pobre, pero sin sobresaltos, a tener que soportar muy de cerca la presencia de un incómodo gigante. La mina ha bloqueado el río Subri con una presa, ha forzado el desalojo y traslado de unas 10.000 personas y ha engullido cientos de campos de cultivo. Hace una década pensaron que el oro les traería una vida mejor, pero ya no lo tienen tan claro.
Todo comenzó en 2003, cuando el Gobierno de Ghana dio su visto bueno a la empresa Newmont, una de las compañías líderes en la extracción de oro mundial, para que comenzara la explotación de este mineral en la depauperada región de Brong-Ahafo, hasta entonces virgen en este tipo de industrias. La mina a cielo abierto, en realidad la primera fase del proyecto, se encuentra situada entre las pequeñas ciudades de Kenyasi, al sur, y Ntotroso, al norte, unos 300 kilómetros al noroeste de Accra, la capital del país. Su superficie es de 31 kilómetros cuadrados, es decir como unos 3.000 campos de fútbol, y cuenta con dos canteras en explotación, Apensu y Subika, que producen unas 442.000 onzas de oro al año (cifras de 2014) y da empleo directo en la actualidad a 1.116 personas, el 43% de las propias comunidades afectadas. El coste total del proyecto ronda los 475 millones de dólares, de los que 75 millones han sido aportados por la Corporación Financiera Internacional, una institución del Banco Mundial. Se calcula que esta mina, el proyecto más grande de Newmont en todo el continente africano, será productiva durante unos 20 años.
Alex Kodjo Asar camina apoyado en un bastón y no ha visto una onza de oro en su vida. Lleva 30 años viviendo en el pueblo de Manu Shed, de 300 habitantes, también próximo a los límites de la mina. En el camino hasta allí desde Kenyasi, un cartel clavado en un árbol avisa con las horas y el lugar de las explosiones del día. “Hace tres años el almacén de cacao del pueblo se vino abajo después de un ruido enorme procedente de la mina, algunas casas también se han derrumbado. Hemos hablado con la empresa varias veces, queremos que nos trasladen a otro lugar, que nos den viviendas nuevas, pero hasta ahora nadie se ha ocupado de nosotros”, dice con amargura. El agua, una vez más, también les trae de cabeza. Y es que desde que Newmont comenzó con sus actividades, el río es inaccesible.
Dentro de los afectados por la mina hay dos grandes categorías. En primer lugar están los desplazados, es decir, aquellos que han perdido sus casas y tierras y que han sido trasladados a otro lugar, unas 10.000 personas en total, procedentes de 10 comunidades: Kenyasi 1, Kenyasi 2, Ntotroso, Hwidiem y Gyedu (afectados por Ahafo Sur, que ya está en explotación) y Dokyekrom, Kodiwohia, Kwakyekrom, Yawusukrom y Acherensua (Ahafo Norte). La legislación en Ghana establece que si bien pueden ser considerados propietarios de la tierra que cultivan, algo que viene amparado por la costumbre y los usos tradicionales, el derecho de explotación de las riquezas del subsuelo está en manos del Estado, quien por tanto puede hacer uso de ellas abonando una compensación. Y esto es lo que ha ocurrido. La concesión es temporal, pero las tierras ya no son cultivables. Al menos durante décadas.
En segundo lugar están los habitantes de pueblos como Kantinka, Manu Shed, Yaro Gruma o Anane Krom, que viven cerca de la mina, pero no lo suficiente como para ser trasladados. Ellos son los que sufren los ruidos, el polvo en el ambiente, las explosiones próximas, la contaminación del agua de los pozos, la imposibilidad de acceder al río. Agbeko Azumah, portavoz de Newmont, asegura: “Para nosotros trasladarlos es el último recurso, antes intentamos mitigar el impacto de nuestra actividad. Si no es posible, optamos por el reasentamiento. Fue un sistema en el que todos estuvieron de acuerdo”. En todo caso, insiste, nadie vive a menos de 500 metros de las canteras de donde se extrae el mineral.
En Kantinka, un pequeño pueblo de 400 habitantes del interior de Ghana, es difícil conciliar el sueño. Las explosiones y el movimiento diario de toneladas de piedra en gigantescos taludes a apenas cien metros de sus casas perturban la tranquilidad de sus gentes. Y este no es el peor de sus males. Henry Ansa Kujo, agricultor y padre de familia de 50 años, asegura que ahora la vida aquí es imposible: "Han aumentado los mosquitos, hay polvo todo el día y el agua del río está contaminada”. El problema es que el pueblo está prácticamente pegado al límite suroeste de la mina de oro Ahafo, un macroproyecto explotado por la compañía norteamericana Newmont y financiado en parte por el Banco Mundial, que ha transformado profundamente y para siempre a esta región de África, removiendo los cimientos de una comunidad que ha pasado de llevar una vida muy pobre, pero sin sobresaltos, a tener que soportar muy de cerca la presencia de un incómodo gigante. La mina ha bloqueado el río Subri con una presa, ha forzado el desalojo y traslado de unas 10.000 personas y ha engullido cientos de campos de cultivo. Hace una década pensaron que el oro les traería una vida mejor, pero ya no lo tienen tan claro.
Todo comenzó en 2003, cuando el Gobierno de Ghana dio su visto bueno a la empresa Newmont, una de las compañías líderes en la extracción de oro mundial, para que comenzara la explotación de este mineral en la depauperada región de Brong-Ahafo, hasta entonces virgen en este tipo de industrias. La mina a cielo abierto, en realidad la primera fase del proyecto, se encuentra situada entre las pequeñas ciudades de Kenyasi, al sur, y Ntotroso, al norte, unos 300 kilómetros al noroeste de Accra, la capital del país. Su superficie es de 31 kilómetros cuadrados, es decir como unos 3.000 campos de fútbol, y cuenta con dos canteras en explotación, Apensu y Subika, que producen unas 442.000 onzas de oro al año (cifras de 2014) y da empleo directo en la actualidad a 1.116 personas, el 43% de las propias comunidades afectadas. El coste total del proyecto ronda los 475 millones de dólares, de los que 75 millones han sido aportados por la Corporación Financiera Internacional, una institución del Banco Mundial. Se calcula que esta mina, el proyecto más grande de Newmont en todo el continente africano, será productiva durante unos 20 años.
Alex Kodjo Asar camina apoyado en un bastón y no ha visto una onza de oro en su vida. Lleva 30 años viviendo en el pueblo de Manu Shed, de 300 habitantes, también próximo a los límites de la mina. En el camino hasta allí desde Kenyasi, un cartel clavado en un árbol avisa con las horas y el lugar de las explosiones del día. “Hace tres años el almacén de cacao del pueblo se vino abajo después de un ruido enorme procedente de la mina, algunas casas también se han derrumbado. Hemos hablado con la empresa varias veces, queremos que nos trasladen a otro lugar, que nos den viviendas nuevas, pero hasta ahora nadie se ha ocupado de nosotros”, dice con amargura. El agua, una vez más, también les trae de cabeza. Y es que desde que Newmont comenzó con sus actividades, el río es inaccesible.
Dentro de los afectados por la mina hay dos grandes categorías. En primer lugar están los desplazados, es decir, aquellos que han perdido sus casas y tierras y que han sido trasladados a otro lugar, unas 10.000 personas en total, procedentes de 10 comunidades: Kenyasi 1, Kenyasi 2, Ntotroso, Hwidiem y Gyedu (afectados por Ahafo Sur, que ya está en explotación) y Dokyekrom, Kodiwohia, Kwakyekrom, Yawusukrom y Acherensua (Ahafo Norte). La legislación en Ghana establece que si bien pueden ser considerados propietarios de la tierra que cultivan, algo que viene amparado por la costumbre y los usos tradicionales, el derecho de explotación de las riquezas del subsuelo está en manos del Estado, quien por tanto puede hacer uso de ellas abonando una compensación. Y esto es lo que ha ocurrido. La concesión es temporal, pero las tierras ya no son cultivables. Al menos durante décadas.
En segundo lugar están los habitantes de pueblos como Kantinka, Manu Shed, Yaro Gruma o Anane Krom, que viven cerca de la mina, pero no lo suficiente como para ser trasladados. Ellos son los que sufren los ruidos, el polvo en el ambiente, las explosiones próximas, la contaminación del agua de los pozos, la imposibilidad de acceder al río. Agbeko Azumah, portavoz de Newmont, asegura: “Para nosotros trasladarlos es el último recurso, antes intentamos mitigar el impacto de nuestra actividad. Si no es posible, optamos por el reasentamiento. Fue un sistema en el que todos estuvieron de acuerdo”. En todo caso, insiste, nadie vive a menos de 500 metros de las canteras de donde se extrae el mineral.
La mina da empleo directo a 1.116 personas, el 43% porcedente de las comunidades afectadas. El coste del proyecto ronda los 475 millones de dólares, de los que 75 han sido aportados por el Banco MundialEn Kenyasi ha surgido un nuevo barrio de la nada. Se trata de OLA, donde han sido reasentadas 3.500 personas. Lo primero que llama la atención es que aquí las calles son muy rectas y todas las casas iguales, construidas en serie por la compañía. “La primera vez que oí hablar de Newmont nos pusimos muy contentos”, asegura Norbert Nyarko, agricultor de 77 años, “pensamos que esto iba a traer desarrollo, trabajo, oportunidades para todos. Y si bien la ciudad ha crecido y se ve más dinero en movimiento, lo cierto es que ese dinero pasa delante de nuestros ojos y no se para en nuestros bolsillos”. Y los reasentamientos no han acabado, en este momento se está terminando de construir un nuevo lote de casas en la zona norte. Se calcula que otras 10.000 personas podrían ser reasentadas en los próximos años si la compañía sigue adelante con su proyecto e inicia la segunda fase, todo dependerá del dinamismo del mercado internacional del oro, en los últimos dos años en horas bajas tras una década espectacular.
Los hermanos Gabriel Ayensu y Eric Nsiah también viven en OLA. “Antes trabajábamos con nuestro padre en la finca familiar de cacao. Pero al venir aquí se quedaron con nuestra tierra y nos dieron a cambio una finca de menos de una hectárea. Con eso no puede vivir una familia. Luego nos prometieron que nos iban a contratar, pero no ha sido así. Y en Kenyasi hay que comprar todo, el arroz, la carne, el coste de la vida es más caro”, asegura Gabriel. El proceso de compensaciones a los agricultores que perdieron su tierra no ha sido fácil, muchos aceptaron el dinero que les ofrecía la compañía (en función de la superficie de las tierras) y que fue pactado entre Newmont y las propias comunidades a través de un comité de compensaciones, pero otros han presentado reclamaciones y siguen peleando. Nyarko perdió una plantación de tecas (árboles que se usan para construir los postes de la luz) con una extensión de nueve hectáreas y aún está esperando por que le paguen un precio justo. Y no es el único.
La compañía asegura que el proceso ha sido transparente y negociado en todo momento con los representantes de la población. “Hemos tenido algunos problemas porque nuestra llegada generó unas enormes expectativas comunitarias”, asegura el portavoz de Newmont. “Muchos nos vieron como la única fuente de riqueza de la ciudad, que les podíamos solucionar la vida dándoles trabajo, dinero y casa. Pero lo cierto es que siempre hemos actuado en coordinación con las comunidades, con un alto nivel de diálogo”, añade.
En Ntotroso, al norte de la explotación minera, se encuentra la sede de la Fundación Newmont Ahafo para el Desarrollo (NADeF). Creada en 2008 y financiada por Newmont con un dólar por cada onza de oro extraída, su consejo de dirección está integrado a partes iguales por miembros de las comunidades y de la empresa. NADeF ha construido centros sociales, una escuela de Enfermería, da becas a estudiantes, levanta aulas en colegios o facilita microcréditos, mientras que la empresa ha generado una evidente dinámica de empleo (1.116 trabajadores directos, de los que 481 son locales; 2.947 empleos en empresas contratadas, de los que 1.122 son de las comunidades afectadas), realoja a los desplazados, paga por sus tierras y patrocina programas de lucha contra la malaria. Pero todos se hacen la misma pregunta, ¿es esto suficiente?, ¿compensa el impacto generado?
Hay opiniones para todos los gustos. Eric Addae es el actual alcalde del distrito de Atusifi Norte que integra a buena parte de las comunidades afectadas, pero cuando se anunció la llegada de Newmont era uno de los líderes sociales más activos en defensa de estos pueblos. “Esta siempre ha sido una región humilde habitada por agricultores que explotan sus fincas de cacao, plátanos o mandioca. En los años noventa muchas empresas empezaron a hacer prospecciones, se decía que había oro. Así que nos preparamos para lo que podía venir, creamos comités, visitamos regiones con tradición minera, nos organizamos para exigir nuestros derechos. Ahora seguimos siendo pobres, es cierto, pero Newmont ha hecho cosas por nosotros”, asegura. Addae cree que ha habido impactos negativos, pero que también hay cosas positivas: “Han invertido mucho dinero en la gente”.
En lo que todos coinciden es en el efecto ambiental de la mina Ahafo. Basta con recorrer la zona para darse cuenta de que ya nada será como antes. Polvorientas carreteras por las que transitan a diario grandes camiones y maquinaria pesada, montañas de piedras y escombros procedentes de las canteras, árboles talados, una enorme balsa de desechos. Parece un paisaje lunar. En octubre de 2009 la propia compañía admitió que se había producido un vertido de cianuro en el río Asunua, que desemboca en el Subri, después de que los habitantes del lugar descubrieran cientos de peces muertos. El cianuro, una sustancia muy peligrosa para el ser humano y que puede persistir hasta 25 años en el agua, es utilizado por las empresas mineras en el proceso de extracción del oro.
Tras cambiar el curso del río, lo que impidió el acceso al mismo de un puñado de pueblos, Newmont ha tenido que construir decenas de pozos para las comunidades. Sin embargo, el agua subterránea también está contaminada. Nadie ha encontrado el vínculo directo entre la actividad de la empresa y la presencia de sustancias contaminantes en el nivel freático (la actividad minera artesanal sin regular también podría estar detrás), pero lo cierto es que los problemas comenzaron una vez que la mina empezó a funcionar. Los habitantes de Tutuka recuerdan que fue en 2008. “Un día nos dimos cuenta de que el agua que extraíamos con la bomba había cambiado de color. Las pruebas fueron concluyentes, no era potable. Así que la empresa nos construyó otro pozo un poco más lejos. Sin embargo, a los pocos días igual, el agua no se podía usar”, asegura Yaw Anthony, el jefe del pueblo. La solución ofrecida por Newmont ha sido instalar un tanque de 6.000 litros que rellena cada tres días. Pero no es suficiente. Tutuka es un pueblo grande y hay conflictos por rellenar los bidones.
En Accra tiene su sede la Coalición Nacional de Minería, una red de ONG, sindicatos y movimientos sociales vinculados al sector. Su secretario ejecutivo es Yao Graham, quien echa buena parte de la culpa de los impactos negativos en Ahafo al Gobierno. “Cada vez que una empresa se instala en un lugar con un macroproyecto como este se genera una suerte de alianza entre el Gobierno, las élites locales y la compañía que deja de lado a los verdaderos afectados, no les tiene en cuenta. Y en el caso de Newmont es más grave, porque es la primera gran mina de oro a cielo abierto del país, es decir, la que más recursos en términos de suelo consume. Pues bien, el contrato con esta empresa es, de lejos, el peor en términos de royalties que ha firmado el gobierno de Ghana, con un escaso porcentaje del 3% para el país”.
¿Es el modelo inversor de Newmont, apoyado por el Banco Mundial, el paradigma de un nuevo desarrollo para África? En Kenyasi y Nosotros la palabra más repetida es frustración
Sin embargo, Emmanuel Afreh, director del Departamento de Gestión, Monitoreo y Evaluación de la Comisión de Minerales, dependiente del Ejecutivo ghanés, considera que las ventajas que aporta Newmont a la comunidad superan con creces a los perjuicios. “Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos”, dice, “es cierto que la empresa sólo paga el 3% de su producción bruta en royalties al Estado, algo que ahora estamos tratando de renegociar al alza, pero se hizo así porque se comprometió a una inversión de 500 millones de dólares en desarrollo en 15 años. Y lo está cumpliendo”. Además, están los inputsgenerados por el Impuesto de Sociedades (35% de sus beneficios netos), tasas aduaneras, etc. “Por poner un ejemplo, el 27% de los impuestos domésticos del país procede de la actividad minera. Y ese dinero también se invierte en desarrollo, para nosotros el oro es clave”.
El hecho de que la inversión de Newmont contara con el respaldo del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional da aún más garantías al Gobierno de que las cosas se están haciendo como deben. “Y si esto no fuera así, el Ejecutivo ghanés tiene instituciones y agencias plenamente operativas, como la Agencia de Protección Ambiental, que se aseguran de que las compañías operan dentro de los límites. No nacimos ayer. Todas nuestras agencias saben lo que hacen estas empresas y las controlan”, añade Afreh.
La Corporación Financiera Internacional pretendía que este proyecto se convirtiera en un modelo a seguir en los países en vías de desarrollo, generando empleo y mejores condiciones de vida para la población afectada. Ya en 2003 un estudio del propio Banco Mundial alertaba de que hasta entonces sus inversiones en el sector minero en Ghana no habían generado beneficios para las comunidades en el sentido adecuado. Sin embargo, nueve años después del inicio de las actividades de Newmont, la ciudad de Kenyasi parece vivir más en la frustración que en el desarrollo. Evans, profesor de Informática en el colegio Anglicano, lo plantea así: “La mina da casas a la gente, construye aulas y otorga algunas becas. Pero aquí no hay trabajo, ¿qué quieren que haga la gente?, ¿que se coman los ladrillos?”.
Ahora la vida aquí es imposible, han aumentado los mosquitos, hay polvo todo el día y el agua del río está contaminada
En la Sanidad también se han producido cambios. En el hospital Saint Elisabeth, que cubre todo el distrito de Atusifi Norte, atienden a unas 600 personas cada día. Demasiado para su capacidad. “Desde que abrió la mina hemos notado un incremento en la demanda de servicios hospitalarios porque la población ha aumentado”, asegura la hermana Confort Apedzi, administradora del centro. “Hay más casos de cólera y más neumonías y aunque no hay estudios que vinculen esto a la mina, lo cierto es que las carreteras están en pésimo estado y hay mucho tráfico pesado, lo que genera que haya polvo en el aire todo el tiempo, y hay zonas donde el agua está contaminada”, añade. Apedzi ha vivido muchos años en Kenyasi y conoce el antes y el después. “Newmont se ha quedado con las tierras y ahora la gente es más pobre, han subido los precios y hay menos fincas donde cultivar. Esto es una hipoteca para las futuras generaciones. ¿Más prosperidad? No la veo por ningún lado”, concluye.
¿Es el modelo inversor de Newmont, apoyado por el Banco Mundial, el paradigma de un nuevo desarrollo para África? ¿O adolece de las mismas carencias del pasado sólo camufladas bajo una mano de pintura de responsabilidad social? Más aún, ¿son las empresas privadas sobre quienes debe recaer esta tarea? ¿O sólo pueden ser los estados fuertes y las élites políticas y sociales valientes, capaces de exigir contraprestaciones y fijar controles férreos a las multinacionales, las que cambien las cosas? En Kenyasi y Ntotroso la palabra más repetida, la sensación más extendida, es frustración. Han dado mucho y lo que han recibido es menos de lo que esperaban. En Ghana, tras más de dos décadas de minería intensiva, con regiones como Ashanti en las que la destrucción de amplias zonas de bosque ha supuesto una pérdida irreparable, el 22% de la población sigue bajo el umbral de la pobreza. Un alto precio para un beneficio relativo. “No es que todo haya sido negativo, pero es hora de cambiar”, remata Yao Graham.
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