martes, 15 de septiembre de 2009

Chávez&K, una sociedad destructiva: signos desesperados


El escenario
El Gobierno y un gesto desesperado
Joaquín Morales Solá

LA NACION
Noticias de Política: Martes 15 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

Decidieron separar los objetivos, sin renunciar a ninguno. El proyecto de ley de radiodifusión tenía dos propósitos claros: fragmentar y debilitar a los actuales conglomerados de medios de comunicación y, al mismo tiempo, crear las condiciones para levantar un conglomerado propio de medios de la mano de la telefónica Telecom, cuando ésta haya sido totalmente argentinizada.

Ayer, Cristina Kirchner separó a las telefónicas del proyecto audiovisual. ¿Quedaron afuera definitivamente? No. La futura vida de las empresas telefónicas, su capacidad para ofrecer triple play y la mención de quiénes podrán hacerlo se intentarán regular más adelante a través de la ley de telecomunicaciones.

Con todo, el de ayer fue un gesto desesperado, una improvisación más en la marcha a los tumbos del kirchnerismo desde que decidió aprovechar al máximo la fugaz mayoría parlamentaria que tendrá hasta el 10 de diciembre. Antes había constatado que el quórum y la mayoría necesaria le eran esquivos, aun ahora, para aprobar el proyecto original de radiodifusión. El proyecto estaba condenado, en la mañana de ayer, a un rechazo parlamentario.

Los socialistas habían hecho de la presencia de las telefónicas en el proyecto una cuestión de vida o muerte, y los aliados de centroizquierda estaban más enfurecidos con las telefónicas que la oposición frontal a los Kirchner. Entre ocho y diez diputados del propio bloque kirchnerista habían anticipado que no votarían la ley en las condiciones en que estaba. Definitivamente, no había números suficientes en la Cámara de Diputados.

Patricia Bullrich llamaba al proyecto la "ley Telecom" y el radical Ernesto Sanz denunció un "fenomenal negocio" del kirchnerismo con esa telefónica. Telecom deberá argentinizarse cuanto antes, según una reciente resolución del Gobierno que obligó a los dueños italianos a vender sus acciones en la empresa. Grupos de empresarios argentinos, muy cercanos al kirchnerismo, aspiran a quedarse con las acciones que los italianos deberán liquidar en poco tiempo.

La española Telefónica, propiedad de extranjeros, había quedado fuera de los beneficios que recibían las telefónicas, porque le aplicarían la ley de bienes culturales. Esta ley fija un techo del 30 por ciento para las acciones en manos de extranjeros en los medios de comunicación.

Ante la perspectiva del fracaso parlamentario, los Kirchner decidieron postergar la mitad de sus objetivos, que era la futura conformación de un holding propio de medios. La presencia de las telefónicas en el ámbito audiovisual podría regularse luego mediante una modificación de la ley de telecomunicaciones. Eso es lo que anticiparon ayer empinados funcionarios oficiales. Pero es cierto que le será muy difícil al Gobierno doblegar luego al Congreso, cuando no pudo seducirlo ahora. "Sería un fraude político", señaló un legislador oficialista.

Decidieron, en cambio, privilegiar el objetivo mayor de fragmentar los multimedios actuales, entre los que resalta Clarín, aunque no es el único ni mucho menos. Hay infinidad de otros medios provinciales, regionales y algunos nacionales que se verán seriamente afectados por la sentencia al desguace que les caería encima. Prevaleció, en fin, la intención de permitir sólo medios pequeños, sobre todo en el interior del país ("pymes", como los llamó la Presidenta), más vulnerables a la extorsión económica del poder que manda.


* * *

De hecho, nada se anunció sobre el artículo que señala un plazo de apenas dos años no para la revisión de las licencias, sino para una nueva observación del ordenamiento legal. Esa disposición aleja cualquier posibilidad de previsibilidad y de inversión en un medio que necesita de la modernización y la inversión constantes.

También se anunciaron vagos cambios en la integración del futuro organismo de control, pero no se aclaró si el Gobierno cederá la mayoría de sus miembros. Probablemente, no. No debería descartarse que ese organismo termine siendo un remedo del Consejo de la Magistratura: muchos tienen representación allí, pero el poder de decisión -y de apriete- quedó reducido a dos diputados hiperkirchneristas.

Todo sabe a improvisación, en efecto. ¿Podía esperarse algo más serio y consistente? No. El proyecto audiovisual enviado al Congreso tiene notas al pie para fundamentar sus disposiciones. Cuando lo anunció, Cristina Kirchner lo comparó pomposamente, en materia de notas y de precedentes, con el Código Civil de Vélez Sársfield.

Fue una irreverencia con la historia y con el personaje. Su proyecto de radiodifusión, sensible a las necesidades políticamente correctas de los "pueblos indígenas", tiene notas totalmente escritas en inglés (seguramente copiadas de Internet, sin traducción) y referencias apuradas y tan representativas como las opiniones de la Agrupación Comandante Andresito, la Federación Juvenil Comunista, Agrupación La Vallese o Barrios de Pie. Está claro, ahora y antes, que el tiempo es el bien más escaso del kirchnerismo.


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El escenarioEl Gobierno y un gesto desesperado

Joaquín Morales Solá

lanacion.com | Política | Martes 15 de setiembre de 2009


el dispreciau dice: como ciudadano argentino, estoy harto este desquicio K. Francamente no entiendo ni hacia dónde quieren ir como tampoco dónde quieren llegar... indudablemente no tienen capacidad de comunicación aunque sí entiendo (al menos eso dejan entrever) que pretenden apropiarse a cualquier costo de la opinión de la prensa libre tanto como de manipular las expresiones de los ciudadanos. Cuando eso suceda, ARGENTINA dejará de existir como REPÚBLICA para pasar a ser definitivamente una versión agiornada de lo acontecido en la década de los años setenta, reviviendo el triste recuerdo de la gestión de las juntas militares que no aportaron NADA a la esencia nacional, menos a las tradiciones y mucho menos a los valores que conforman la identidad. Triste. Septiembre 15, 2009.-


El escenario
El proyecto mantiene la inseguridad jurídica
Adrián Ventura

LA NACION

Noticias de Política: Martes 15 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

Aun cuando se elimine el ingreso de las telefónicas en el mercado de los medios audiovisuales, la ley seguirá provocando una fuerte inseguridad jurídica; obligará a malvender canales de aire y de cable; violará derechos adquiridos y contendrá otros muchos puntos discutibles.

La modificación quizás esté dirigida a atraer los votos de los partidos de izquierda y, tal vez, logre ese objetivo. Pero centrar allí todo el problema es crear una trampa: la ley, aún sin el desembarco de las telefónicas, continuará siendo una herramienta para destruir el actual mercado de medios:


El texto del proyecto, del artículo 2 hasta el 156, sigue sometiendo a la radiodifusión a un reglamentarismo excesivo y permite la interferencia del Poder Ejecutivo (PEN) más allá de las pocas necesidades técnicas que puedan derivarse de la administración del espectro radioeléctrico.


De varios artículos surge expresamente que las empresas no podrán invocar derechos adquiridos, con lo cual la ley violará retroactivamente sus derechos.


La autoridad de aplicación de la ley, con cinco miembros, estará dominada por el PEN (artículo14). Incluso si la Comisión Bicameral nombra a dos de los cinco, es claro que estará dominado por la mayoría política de turno. Lo que necesita la libertad de expresión, precisamente, es menos injerencia del poder político, nomás.


El artículo 16 fija un Consejo Federal de Comunicación, con carácter asesor; un megaorganismo con representantes de cada provincia, las ONG, las universidades, los medios públicos, los sindicatos, Argentores y de los pueblos originarios. Allí, los medios privados sólo tendrán tres representantes. Será un remedo de nuevo Consejo de la Magistratura y el oficialismo saldrá a controlar esos representantes, como hizo con los del Consejo.


El artículo 19 permite que la Comisión Bicameral designar al defensor del público. Así, un funcionario oficialista podría ser intérprete, aun de oficio, de los reclamos del público, casi una paradoja. Basta con pensar si el público, en la actualidad, quiere ser interpretado por un hombre del Gobierno.


El artículo 24, si no prospera el pedido de algunos sectores de izquierda, continuará permitiendo que haya empresas de medios audiovisuales donde capitales extranjeros tengan participación mayoritaria (si existe un tratado bilateral de inversión).


El artículo 38.2.c., sin motivo técnico alguno que lo justifique, establece algo que no ocurre en ninguna otra parte: una empresa no puede ser titular de un canal de aire y de uno de cable. Y un cable no podrá transportar más de una señal propia. Además, los canales de cable se computan a los efectos de los topes que radios y canales que se pueden tener. Todo ello provocará la venta de muchos medios, que estarán disponibles para el ingreso de los capitales amigos del Gobierno.


Si realmente se pretende que las telefónicas no ingresen en el mercado audiovisual, el texto de la ley debería establecer un recaudo: una empresa argentina que tenga licencia de radiodifusión no debería poder arrendar a las telefónicas las redes para transportar sus señales, porque éstas, por su peso, pasarían a ser dueñas reales del negocio del empresario argentino, quizás un mero testaferro de aquéllas.


El articulo 40, si bien el oficialismo promete revisarlo, autorizará a la autoridad de aplicación a revisar las licencias cada dos años.


El artículo 41 tiene una redacción confusa, que permitirá que el Ejecutivo, con la excusa de evitar la concentración indebida de medios, pueda negarle una licencia a un diario (léase Clarín o cualquier otro). Y expresaemnte sostiene que no se podrán invocar derechos adquiridos.


El artículo 152 establece que los grupos de medios deberán vender sus empresas para ajustarse a la ley, en un plazo de un año.

El anuncio de la Presidenta no cambia nada de esto.

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El escenarioEl proyecto mantiene la inseguridad jurídica

Adrián Ventura
LA NACION

lanacion.com | Política | Martes 15 de setiembre de 2009


el dispreciau dice: hace tiempo que ARGENTINA carece de seguridad jurídica... hace tiempo que ARGENTINA ha perdido ya no sólo su calidad institucional sino además su capacidad institucional... hace tiempo que ARGENTINA tiene un ESTADO FANTASMA que miente a mansalva y acomoda sus números a las necesidades políticas omitiendo que debajo hay una sociedad que acumula necesidades desde 1810... hace tiempo que la clase política argentina es impresentable... hace tiempo que ARGENTINA es imprevisible... hace tiempo que en ARGENTINA los inversores huyen ante la barbarie restándole ya no sólo capacidad productiva al país sino además inserción laboral genuina a sus gentes... hace tiempo que la sensatez no nos conduce... hace tiempo que hemos perdido el sentido común... hace tiempo que el PJ no existe con entidad propia... hace tiempo que no hay oposición política válida... hace tiempo que estamos ahogados en el atropello de las conveniencias de unos pocos... hace tiempo que todo se deteriora sin solución de continuidad... finalmente, hace tiempo... Septiembre 15, 2009.-

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