jueves, 24 de septiembre de 2009

derechos de propiedad


Temas de Justicia
El proyecto licua el derecho de propiedad

Por Adrián Ventura
Noticias de Política: Jueves 24 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

La ley de medios audiovisuales viola no sólo la libertad de expresión sino también el derecho de propiedad, desconociendo derechos adquiridos y licuando el valor de los canales, radios y cables. Sea que el proyecto se apruebe sin modificaciones o se sancione una versión edulcorada, la nueva ley será inconstitucional:


La licencia es un permiso que otorga el Estado. Si un medio está gozando de su licencia original o ya obtuvo la prórroga, tiene en sus manos un contrato que le reconoce un derecho adquirido hasta que finalice su explotación.

Quienes argumentan que, para salvar a la ley, alcanzaría con elevar el plazo de un año que establece el artículo 161 -para que las empresas se adecuen al máximo de licencias y vendan las sobrantes- a dos o tres años incurren en una trampa. Parten de presuponer que existe un oligopolio que necesita ser partido y, así, justifican la violación del derecho de propiedad.


La Constitución nacional preve que la única forma de privar a un particular de su derecho de propiedad (un inmueble, un contrato, etcétera) es la expropiación. Pero, para hacerlo, establece algunos requisitos insoslayables: debe ser declarada por una ley (que declare al bien expropiado sujeto a utilidad pública) y el Estado debe pagar una indemnización previa.

Nada de esto ocurría ahora. Se sancionará una rimbombante ley de medios que no expropia licencias ni, mucho menos, paga indemnizaciones. Simplemente licúa el valor de las empresas y licencias, las devalúa, diluye la propiedad y pone en riesgo miles de empleos. Eso es una confiscación indirecta, un abuso de poder y, por lo tanto, la ley será ilegítima.


Imaginemos que se mantuviese el plazo de 1 año para vender empresas o que se lo elevase a 3 años. Seguiría siendo irrazonable.

El Estado, cuando considera que un grupo empresario incurre en prácticas monopólicas o tiene una posición dominante en el mercado, invoca la ley de defensa de la competencia (ley 25.156) y subordina la operación de compra o fusión de empresas a la condición de que el grupo, por ejemplo, venda una planta u otro activo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio habitualmente acceden a darle a ese grupo, mediante un compromiso bilateral, un plazo de uno o dos años, por lo menos, para vender esa planta. En el derecho anglosajón se dice que el plazo nunca puede ser tan breve que ponga el riesgo el precio de venta. Pero nunca hubo en la historia argentina un caso que obligase a todo un sector industrial a desprenderse, no ya de una planta o de una licencia o una marca, sino de medio centenar de empresas.

No habrá compradores suficientes, salvo el Estado.


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Por Adrián Ventura

lanacion.com | Política | Jueves 24 de setiembre de 2009


el dispreciau dice: la clase política argentina siempre ha actuado a través de tiros por elevación y el lanzamiento previo de globos de ensayo. Ello la ha habilitado a los atropellos sistemáticos en los que incurre al menos desde 1950 en adelante. Esta gestión persiste en la conducta. En la Argentina los derechos son "ocasionales" y quedan a discreción del poder de turno, aunque está en evidencia plena que los derechos ciudadanos son violados de manera permanente argumentando antojos propios de cada circunstancia. Desde las violaciones ejecutadas contra la propiedad privada en los años noventa, la clase política sostiene la estrategia de confiscar todo aquello que entiende como "peligroso", por ejemplo la libertad de expresión, los mecanismos que deberían garantizar la seguridad pública, los presupuestos de las instituciones, etc. Para lo cual esgrimirá las más demenciales explicaciones tales como aumentar los impuestos para paliar el déficit público generado desde el propio estado por inoperancia y manifiesta incapacidad de gestión. La historia condenará sin atenuantes a tanta desvergüenza. Dicho sea de paso, lo que se está licuando no es el derecho a la propiedad sino el país, con todos nosotros dentro... Septiembre 24, 2009.-

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