lunes, 2 de agosto de 2010

DESMADRADOS

Editorial I
El cruel costo de nuestra pobreza
Una de cada tres familias argentinas tiene dificultades para acceder al alimento, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo

Noticias de Opinión: Lunes 2 de agosto de 2010 | Publicado en edición impresa

Desde diversas perspectivas crece la información acerca del agudo perfil de la pobreza instalada entre nosotros, cuestión escandalosa que reclama acciones eficientes para reducir a fondo un problema humano, social y económico de tanta significación.

Ha sido otro valioso aporte reciente del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el que puso de manifiesto, una vez más, las carencias de las que padece una de cada tres familias en nuestro territorio. En el estudio realizado con la dirección de Agustín Salvia, se ha empleado una encuesta destinada a medir la Deuda Social Argentina; a ella respondieron 2500 familias que habitan en nueve ciudades del país.

Es importante apreciar que la pobreza crea condiciones que impiden el acceso a bienes que satisfacen necesidades básicas de la población, como lo son el alimento, la vivienda, el cuidado de la salud, la educación y el trabajo. Es evidente, además, que la limitación o la falta de esos bienes reduce el desarrollo humano, social y económico de las personas, condena a la marginación y frustra el logro de oportunidades que permitan una vida digna.

La pobreza que se expande actualmente entre nosotros tuvo valores críticos a comienzos del siglo XXI, disminuyó en el quinquenio siguiente y volvió a crecer a partir de 2006. Otro tanto ha ocurrido con los niveles de indigencia.

Ahora bien, hay que considerar que la pobreza se distribuye desigualmente a lo largo del país. Así, por ejemplo, en las provincias norteñas se dan los más altos porcentajes de necesidades insatisfechas; en el Gran Buenos Aires, durante el curso de los últimos 30 años, la pobreza se ha multiplicado por diez, dato más que alarmante.

Uno de los indicadores demostrativos del pauperismo que afecta a tantos argentinos es la vivienda. Al respecto se comprueba un incremento del número de familias alojadas en condiciones precarias, ya sea en villas de emergencia, asentamientos populares u ocupaciones de hecho.

En 2004 representaban el 10 por ciento de nuestra población; ahora constituyen el 17 por ciento. Además, el 36 por ciento habita en lugares que carecen de servicios cloacales, el 27 se ha instalado en lugares inundables, el 12 padece de hacinamiento y el 16 por ciento sufre de riesgo alimentario.

Se estima que hay una pobreza estructural, dura y estable, núcleo del problema, en la que viven quienes descienden de generaciones pobres y permanecen en ese nivel, sin salida. Hay, también, una pobreza transitoria, la de quienes hoy se encuentran en esa situación, pero poseen capacidades para salir de ella. El drama de esta declinación se agrava cuando pasa un tiempo, se agotan los recursos y las familias van teniendo hijos en medio de una pobreza que se va tornando estructural.

Es evidente que nos hallamos frente a un problema cuyas dimensiones dañan el presente y el futuro del país. También se percibe claramente la ausencia de firmes políticas estatales que concurran al propósito de mitigar la pobreza, mal creciente en nuestra sociedad, asociada en parte a un criterio de negación del problema del que curiosamente se hace gala desde el gobierno nacional y que sólo resulta avalado por las mentirosas estadísticas del Indec.

Editorial IEl cruel costo de nuestra pobreza

Una de cada tres familias argentinas tiene dificultades para acceder al alimento, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo

lanacion.com | Opinión | Lunes 2 de agosto de 2010


el dispreciau dice: la pobreza, más allá de las estadísticas, la numerología acomodaticia, las visiones de los unos y los argumentos de los otros, está entre nosotros, instalada, con entidad irrefutable, y para peor creciendo. Indudablemente, muchas medidas asumidas por el ejecutivo aparecen como prudentes para mitigar los efectos de la calamidad, pero se hace evidente que las mismas (medidas), además de insuficientes no encajan en la realidad de manera efectiva. El desborde es significativo y viene atropellando a la sociedad argentina desde la "revolución improductiva" de los 90. La inteligencia aquí ya no pasa por pagar subsidios que denigren aún más la condición humana de los excluidos, antes bien es necesario (imprescindible) recrear fuentes de trabajo que "regresen" al mundo a esta catástrofe que se lleva puesta a personas al modo de un abismo que se traga todo lo que toca. El tema es complejo e intrincado pero las organizaciones sociales también están desbordadas y de allí la importancia de un estado que asuma otra postura ante el desastre. Tantas son las cosas desactivadas en la Argentina que reponiendo algunas de ellas, podría comenzar a cerrarse un pequeño porcentual de esta puñalada que nos afecta a todos por igual, pero que además de ello compromete el futuro. Recomponer la industria ferroviaria así como la red, demandaría la aplicación al trabajo de muchísimas familias que lo están necesitando, el cual permitiría desconcentrar marginación para dar lugar a nuevos polos de desarrollo focalizados en talleres, mantenimiento, formación del recurso humano, etc., sin dejar de lado (omitir) que la red vial también demanda una re-estructuración que la coloque en sintonía con el tránsito, la movilidad de las personas por vía terrestre (muy grande), etc. lo cual además de dar trabajo, evitaría los temibles accidentes recurrentes. Los nichos son muchos, pero la gente excluida es más y merece una oportunidad legada por un estado que, si bien a dejado la condición de "benefactor", puede ser convocante para liberar esta inercia que tiene sumida a la Argentina, la suya, la mía, la de todos, en un tremendo estado de zozobra. Indudablemente, ninguno de estos temas está en la agenda opositora, al tiempo que al ejecutivo el problema lo supera. Más allá de los motivos de cada cual (todos respetables), la sociedad argentina merece ciertamente que esta temible deuda política contraída por años de incapacidades manifiestas, se traduzca de una vez por todas en acciones que progresivamente devuelva a las personas su "don de gente". Está claro que el empresariado no está interesado en aportar soluciones, así como muchas instituciones relacionadas con el campo, tampoco (quizás no saben cómo)... pero los conciudadanos empujados del sistema merecen mejor suerte, para lo cual la función del estado es determinante, además de urgente. De no ser así, el futuro de la sociedad marginada sigue hipotecándose, comprometiendo la salud de los hijos, por consiguiente su educación, y ni qué hablar del futuro. Esta gente merece mejor suerte, y para ello construir hogares que brinden techo, calor y alimentos apropiados, aparece como una decisión de gobierno impostergable, al precio que sea. Agosto 02, 2010.-

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