Jueces y fiscales ven en la ley de ruptura un “delirio jurídico”
"Cualquier intento de dirigir al poder judicial es la pretensión de un gobierno autoritario", advierte la Unión Progresista de Fiscales
Barcelona
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva. ALBERT GARCIA EL PAÍS
La llamada ley de ruptura de la Generalitat es un "delirio jurídico", lo mismo que sus propuestas para construir el sistema judicial en una hipotética Cataluña independiente. Así lo considera el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, tras examinar las propuestas que contiene el borrador de ley al que ha accedido EL PAÍS. "Toda la construcción jurídica es un delirio si partimos de que la desconexión se producirá sin respetar la ley", opina García.
El portavoz de la asociación progresista de fiscales considera que no puede siquiera tenerse la seguridad "de que ese diseño exprés y delirante va a ser así" porque la "vía de hecho" es la que llevará a la promulgación de un Estado independiente. "La seguridad jurídica" de ese hipotético nuevo Estado, agrega García, "es nula" porque la ley "puede variar en cualquier momento a discreción de los impulsores del procés".
García ve absurdo que para aprobar un Estatuto de autonomía sean precisas mayorías cualificadas y, en cambio, para declarar la independencia "se rebajen los requisitos". Sobre la reforma del poder judicial, advierte de que "cualquier intento de dirigir o domesticarlo es la pretensión de un gobierno autoritario". El borrador que ha preparado la Generalitat plantea un complejo sistema de elección de jueces y de la cúpula de la magistratura que, en la práctica, permitiría al Gobierno catalán ostentar el control sobre el poder judicial. El presidente catalán podría nombrar al fiscal general y al presidente de un hipotético Tribunal Supremo catalán.
Esas competencias del presidente de la Generalitat también alarman a los jueces. "No podemos aceptar desde ningún prisma que los jueces puedan ser nombrados y destituidos por el presidente de una comunidad autónoma", opina Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Rodríguez recuerda que la Constitución de 1978 "despojó al poder ejecutivo de la antigua competencia para nombrar y seleccionar" jueces y que para ello creó el Consejo General del Poder Judicial, que es el único órgano competente.
"Los jueces están y estarán sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente", opina el portavoz, que ve "absolutamente inaceptable" el articulado de la ley de ruptura. Más allá de los asuntos corporativos, Rodríguez cree también que la norma es un "delirio jurídico" y que el proceso que impulsa la Generalitat es "inconstitucional" y se lleva a cabo "al margen de la ley".
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