Juana contra Francesco
Independientemene de quién tenga razón, la justicia debe velar por el bienestar de los menores y las víctimas de violencia de género
Juana Rivas, ante la pancarta de una manifestación en su favor en Macarena (Granada) MIGUEL ÁNGEL MOLINA EFE
El caso de Juana Rivas no puede dejar indiferente a nadie. Sus lágrimas de desconsuelo por tener que entregar sus hijos a un padre del que huyó han despertado la solidaridad de sus vecinos y desatado una campaña en su favor. Rivas no solo huyó del domicilio que compartía en Italia con su pareja, Francesco Arturi, y sus dos hijos de 11 y 3 años de edad. Hace ocho años, aquel fue condenado a tres meses por malos tratos y recientemente ella le denunció de nuevo por el mismo delito. Ahora, la mujer está en paradero desconocido arriesgándose a una condena por secuestro de menores al negarse a cumplir la resolución judicial que le obligaba a entregar a los pequeños a su padre.
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Este litigio coincide con la aprobación en España de un pacto de Estado contra la violencia de género que será debatido hoy en el Congreso y que propone, entre otras medidas, restringir el derecho de visitas y custodia de los hijos a los maltratadores. Como el caso de Juana demuestra, se trata de una medida imprescindible si que quiere evitar que los menores sean también víctimas de la violencia de género.
El problema aquí deriva de que una juez de Granada ha resuelto, en aplicación de la legislación internacional, que la madre debe entregar a su padre a los hijos que se trajo de Italia sin su autorización en el verano de 2016 sin pararse a considerar la denuncia por violencia de género que se está tramitando ni esperar a su resolución. Es seguramente este automatismo en la aplicación de la ley, sin atender a los antecedentes y a los riesgos de un error, que recaerían tanto sobre Juana como sus hijos, lo que ha llamado la atención de la opinión pública. Es claro que, independientemente de si es Juana o Francesco quien tenga razón, la justicia española y la italiana tienen, ante todo, la obligación de velar por el bienestar y seguridad tanto de las víctimas de violencia de género como de sus hijos.
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