Editorial
La ceguera que nos lega impunidad y un mar de coca
Autor: Dirección
20 marzo de 2018 - 12:00 AM
Dejan a los electores decidir si admiten la propaganda que tilda de polarizadores a quienes reclaman justicia y fin de las drogas o, por el contrario, escogen combatir el narcotráfico con eficacia
Medellín
Con apenas unas horas de diferencia, la ONU, el Departamento de Estado e Insight Crime, organismos que han reconocido su entusiasmo con el acuerdo de desmovilización de las Farc, publicaron sendas investigaciones que revelan que Colombia se mantiene como primer productor mundial de hoja de coca y cocaína, que exporta vía México. Los análisis también señalan el surgimiento de nuevos capos de la droga, asociados a las Farc y el Eln, la mayoría, que están listos a mantener y defender su negocio, mediante corrupción, o por la violencia que, según el documento, todavía no oficial, de la ONU, es la principal causa de muertes de líderes sociales que defienden la erradicación de cultivos ilícitos.
Los análisis del organismo multilateral, el vocero del gobierno estadounidense para estos temas y el reputado equipo de investigación periodístico-académica, permiten ver las consecuencias del enceguecimiento de Juan Manuel Santos con un acuerdo basado en impunidad para crímenes perpetrados durante 50 años, que niega las posibilidades de la reconciliación, y tolerancia con el narcotráfico, combustible que permitió que las Farc se mantuvieran tras el derrumbe del comunismo soviético, llegando a ser la guerrilla más vieja y cruel del mundo.
La tibieza del acuerdo sobre narcotráfico ha provocado una nueva inundación de cultivos de coca, devolviéndonos a la situación de 2001, cuando se contaron 165.000 hectáreas cultivadas, la cifra más alta de la historia, hasta 2016, cuando el gobierno estadounidense reconoció 188.000 hectáreas, y 2017, en el que se anuncia que ese país dirá que ha identificado la existencia 220.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia. Ante la magnitud del problema, Estados Unidos anuncia control, no aceptación, sin conflicto a sabiendas de que ya tiene suficientes problemas con la crisis de Venezuela.
Estos tres informes de veracidad indiscutible por la seriedad de los autores y porque se confirman unos con otros dan inicio al juicio histórico al gobierno Santos. Y son un reto a los ciudadanos que elegirán presidente para el período 2018-2022.
No es por la eficacia de la estrategia antidrogas del gobierno Santos que el Departamento de Estado anuncia para el 2018 una política que “continuará monitoreando de cerca la implementación de la estrategia antinarcóticos de Colombia, para asegurarse su progreso en la reducción de cultivos de coca y producción de cocaína”. Dado, pues, el pésimo balance, que contrasta con años de aplausos a la estrategia que en 2011 dejó al país con 63.762 hectáreas de coca, la menor cantidad desde 1996, es necesario preguntarse si el “leseferismo” del gobierno Santos con el cultivo y producción de coca es producto de la partida que libra, junto a César Gaviria, buscando la legalización de las drogas, la cual todavía tiene muchas cartas por ver y manos por depurar, así parezca conveniente, un juego cuya mesa nunca debió ser la débil geografía colombiana.
En las elecciones de mayo, los ciudadanos habrán de mostrar si, como en la historia de José Saramago, se dejan llevar por la polarizadora ceguera que declara amigos de la guerra a quienes rechazan la impunidad y el narcotráfico, y en consecuencia deciden mantener, y hasta profundizar, el orden presente, o si, por el contrario, apuestan por reeditar el inmenso esfuerzo que en apenas cinco años quebró la espiral de crecimiento de los cultivos ilícitos y liberó al país de las amenazas ciertas, no aligeradas por la televisión, de capos como Escobar o alias mono jojoy. La partida en que se juega el futuro de esta sociedad amenazada por el reavivamiento de la droga y sus compañeras de viaje, la corrupción y la violencia, la libra la ciudadanía con su conciencia y su responsabilidad
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