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Argentina, ante el fantasma de una nueva crisis económica
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La pizarra electrónica de una casa de cambios en el centro de Buenos Aires refleja el valor del dólar, una obsesión para la población argentina. El jueves 3 la moneda local se devaluó siete por ciento en pocas horas, lo que llevó al gobierno a adoptar medidas de austeridad para tratar de generar confianza entre los inversores. Crédito: Daniel Gutman/IPS
- Una devaluación de 12 por ciento del peso en poco más de una semana trajo de regreso los fantasmas de una crisis como las que tantas veces han vivido los argentinos y exhibió a un presidente Mauricio Macri golpeado por no haber logrado cumplir su gran promesa, la de encarrilar la economía.
Luego de un “jueves negro”, en el cual el peso se derrumbó siete por ciento frente al dólar, el gobierno anunció medidas de recorte del gasto público el viernes 4.
Y este martes, 8, mientras el valor de la divisa estadounidense volvía a subir peligrosamente, Macri anunció en un mensaje grabado que el gobierno comenzó a negociar un préstamo con del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la brutal falta de confianza de los mercados en la moneda local.
“La situación social está empeorando de manera acelerada. Muchísimas familias se están sobreendeudando porque se quedan sin dinero 10 o 15 días antes de que termine el mes...(La pobreza) se va a agravar porque el gobierno acaba de anunciar un ajuste clásico, que debería resultar en un aumento de la pobreza y la desocupación”: Daniel Arroyo.
Para los argentinos, el auxilio del FMI remite a los años 90, que terminaron con un colapso financiero que prácticamente paralizó la economía, produjo un estallido social y obligó a renunciar al presidente Fernando de la Rúa (1999-2001).
De hecho, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se apresuró este mismo martes 8 a rechazar esas comparaciones al afirmar que “El FMI ya no es lo que era. Todos hemos aprendido de los errores del pasado”. El crédito que se negocia, según versiones no oficiales, sería por 30.000 millones de dólares.
El presidente había intentado, en marzo, infundir confianza a una población mayoritariamente castigada por el deterioro del poder adquisitivo del salario, cuando, en su mensaje anual ante el legislativo Congreso Nacional, dio por terminada la época de austeridad.
“Lo peor ya pasó y ahora el país va a crecer”, anunció entonces, en un optimismo ahora evaporado.
Sin embargo, dos meses después, el gobierno ha decidido postergar los planes de crecimiento para mejor oportunidad, mientras la sociedad, que desde hace décadas está acostumbrada a ahorrar en dólares, por la fragilidad de la moneda local, mira los acontecimientos con nerviosismo creciente.
Carlos de Angelis, sociólogo y especialista en opinión pública, analizó para IPS que la abrupta caída del peso fue una herida en el flanco más fuerte de la construcción política que llevó a Macri a la presidencia, en diciembre de 2015.
“La gente sabía que votaba a un empresario promercado, capaz de resolver los problemas económicos que tanto erosionaron la figura de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015), especialmente la inflación”, explicó.
Por esa razón, argumentó, “los sucesos de los últimos días fueron un cachetazo a la presunción de que Macri iba a poder ordenar la economía y le produjeron un enorme desgaste político”.
Luego de un 2017 que cerró con 25 por ciento de inflación, el gobierno fijó para este año una meta del 15 por ciento.
Se trata de un objetivo que ya no podrá ser cumplido, según el consenso de los economistas, debido a que, sólo en el primer trimestre de 2018, el costo de vida en la Argentina aumentó un 6,8 por ciento, de acuerdo a la estadística oficial.
Las consultoras privadas recalcularon sus estimaciones de inflación para este año en las últimas horas y la fijaron alrededor de una tasa anual de 24 por ciento, debido a que históricamente en Argentina las devaluaciones producen aumentos de precios.
Pese a ello, por presión del gobierno, muchos sindicatos acordaron este año con las patronales aumentos salariales de alrededor de 15 por ciento, con lo que se consolida una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En este contexto, “la situación social está empeorando de manera acelerada. Muchísimas familias se están sobreendeudando porque se quedan sin dinero 10 o 15 días antes de que termine el mes”, dijo a IPS el académico y político Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional del opositor Frente Renovador, una corriente del peronismo.
Arroyo relativizó el anuncio que el presidente Macri hizo a fines de marzo, de que la proporción de personas en situación de pobreza en el país se redujo a 25,7 por ciento de la población total, contra 30,3 por ciento de 2016.
En números absolutos, 1.900.000 personas salieron de la pobreza, ya que la cifra se redujo de 12.300.000 personas a 10.400.000, en un país con una población de 44 millones de habitantes.
“Esa baja de la pobreza corresponde al segundo semestre del año pasado, cuando no hubo aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la obra pública tuvo un impulso importante”, analizó Arroyo.
Sin embargo, “hoy la realidad es otra y se va a agravar porque el gobierno acaba de anunciar un ajuste clásico, que debería resultar en un aumento de la pobreza y la desocupación”, dijo.
Entre las nuevas medidas figura una reducción en la meta de recorte del déficit fiscal para este año, del 3,2 a 2,7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Esa baja se logrará con recortes en lo que el gobierno ha promocionado reiteradamente como “el plan de obras públicas más importante de la historia argentina”, medida que, según los economistas, afectará a la toda la actividad.
“La estrechez económica complicará al mercado laboral. Además, hay un 35 por ciento de trabajadores que son informales, cuya fuente de ingresos está asociada a la construcción, que ahora va a sufrir”, dijo Arroyo.
La cuestión de las tarifas es especialmente delicada. La expresidenta Fernández las mantuvo congeladas durante años y hasta el final de su mandato, gracias a subsidios estatales que hicieron crecer el déficit fiscal, en una decisión que el actual gobierno calificó de “populista”.
Desde la asunción de Macri hubo aumentos en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte público que en algunos casos superaron 500 por ciento.
En el comienzo de este año los incrementos continuaron y despertaron malhumor social, que se vio reflejado en recientes encuestas que, en promedio, sitúan la desaprobación a a la gestión de gobierno en alrededor de 54 por ciento.
Pero el salto de las tarifas también generó cuestionamientos de la oposición y hasta cortocircuitos al interior de la coalición electoral de centroderecha Cambiemos, que llevó a Macri al gobierno.
Los dos socios menores de esa alianza –la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica- reclamaron públicamente al gobierno que revise la política tarifaria.
“Los aumentos de servicios públicos provocaron una transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos hacia las empresas”, explicó a IPS el economista Cristian Folgar, especialista en servicios públicos.
“Por eso, aun cuando la economía crece moderadamente, pero crece, la mayor parte de la gente siente que está peor que en 2015. Y, objetivamente, tiene menos bienestar”, aseguró.
A su juicio, “el gobierno de Macri alentó expectativas muy altas de que iba a bajar la inflación y a generar una lluvia de inversiones que iban a impulsar la economía sin necesidad de un importante ajuste fiscal”.
“Hoy se tiene que enfrentar con sus propias promesas y ha dañado su credibilidad porque la sociedad ya no lo compara con el gobierno anterior sino con las expectativas creadas”, cerró Folgar.
Edición: Estrella Gutiérrez
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